Roban y asaltan la sede de la Fundación Francisco Franco

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Sede Fundación Nacional Francisco Franco

Roban y asaltan la sede de la Fundación Francisco Franco

La Policía Nacional investiga el robo de una caja fuerte de la Fundación Francisco Franco, asaltada anoche en Madrid.

Los responsables de la entidad se percataron del robo a eso de las 22:00 horas y se pusieron en contacto con el 091, aunque «la alarma del local previno enseguida a la Policía», declaraba a LA RAZÓN poco después del suceso Juan Chicharro, presidente de la institución. Según ha podido saber este diario, los asaltantes se habrían llevado la caja de caudales, tal y como habría explicado el denunciante, aunque se desconoce si guardaba en su interior dinero en efectivo, diversos papeles o importante documentación. Chicharro, por su parte, afirmaba que se trata de «una caja, pero no de caudales», y que se encontraban «averiguando qué había en ella».

La Razón / Tras conocerse el robo, los agentes de la Policía Científica se desplazaron al lugar de los hechos. La sede de la Fundación Francisco Franco está situada en un segundo piso de la Avenida Concha Espina, 11 en el distrito de Chamartín.

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El presidente de la Fundación Franco apuntaba que, más allá de la puerta de entrada, no había habido desperfectos en el interior del local y que probablemente los autores del asalto «se han debido asustar y han salido corriendo» por la potencia de la alarma contratada. Chicharro manifestó su intención de «presentar una denuncia» y aseguró que «las imágenes están grabadas» por cámaras de seguridad, lo que podría arrojar alguna pista para detener al autor o autores del robo. Aunque es consciente de que la asociación que dirige está en el ojo del huracán por razones obvias –amenaza de ilegalización por la Ley de Memoria Histórica y, sobre todo, la polémica por la exhumación del cadáver del caudillo del Valle de los Caídos– no tiene «sospecha alguna». Es «la primera vez» que el edificio donde se custodia el legado franquista sufre un percance semejante, según el que fuera ayudante del Rey Emérito, hoy general en la reserva.

La entidad guarda 30.000 cartas, informes secretos, anotaciones manuscritas y otros papeles de Francisco Franco, la mayoría de ellos guardados en la sede de la Avenida Concha Espina que fue objeto del asalto de anoche.

Serán los agentes de la comisaría de Chamartín los encargados de la llevar la investigación si se trata simplemente de «un robo más» como las decenas de denuncias que llegan cada día a las comisarías madrileñas. De ser considerado un robo con otras características podrían participar en la investigación del mismo agentes de la Brigada de Policía Judicial si se trata de delincuencia organizada o incluso de la Brigada de Información, en el caso de que, avanzada la investigación del suceso, se sospechara que podrían estar detrás grupos radicales, un extremo que a priori quedaría descartado, según fuentes policiales.

Además tienes que ver la siguiente información relacionada pinchando en el enlace —El cuerpo de Francisco Franco embalsamado en el Valle de los Caídos

Los agentes de la Policía Científica analizan ahora la escena del robo de forma minuciosa para tomar huellas y analizar cualquier vestigio que pueda arrojar algo de luz al suceso, como la comprobación del método de acceso utilizado –«la puerta la han tirado abajo», explicaba Juan Chicharro– y otras señales que puedan conducir a los investigadores hasta los autores del robo. También se estudiarán las cámaras de videovigilancia del edificio y de la zona, si hubiese comercios o entidades bancarias con este sistema de seguridad para tratar de identificarles a través de una imagen o de la matrícula del vehículo con el que llegaron al lugar.

Informes secretos y cartas del dictador

El Gobierno pretende ilegalizar la Fundación Franco, pero antes le exigirá los cerca de 30.000 documentos históricos que guarda. Hay cartas de otros jefes de Estado, informes confidenciales del Estado Mayor, así como anotaciones manuscritas del caudillo sobre borradores de leyes. El Código Penal advierte de la imposición de penas de prisión de seis meses a tres años a quienes expolien «bienes de valor histórico».

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