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La Fiscalía investigará las decisiones de la Mesa del Parlamento de Cataluña

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Roger Torrent en el Parlament de Catalunya
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La Fiscalía investigará las decisiones de la Mesa del Parlamento de Cataluña

La Fiscalía investigará “la trascendencia penal” de las decisiones adoptadas por la Mesa del Parlamento de Cataluña. Concretamente, la fiscal general del Estado, María José Segarra, ha ordenado a la Fiscalía catalana que abra una investigación por desobediencia en la actuación del Parlamento catalán por la tramitación de la moción de la CUP sobre la autodeterminación.

LD / Así lo ha anunciado el Ministerio Público este martes en un comunicado: “En atención a las decisiones adoptadas por la Mesa del Parlamento de Cataluña durante las últimas semanas y hasta el día de hoy, en el contexto de los incidentes de ejecución de las sentencias del Tribunal Constitucional nº 259/2015, 136/2018 y 98/2019, la Fiscalía General del Estado ha instado de la Fiscalía de la Comunidad Autónoma de Cataluña la incoación de Diligencias de Investigación a fin de valorar la posible trascendencia penal de tales decisiones”.

La Fiscalía ha informado de esta decisión después de que el Parlamento catalán haya aprobado una moción a favor de ejercer la autodeterminación en un pleno adelantado por el presidente de la Cámara, Roger Torrent, de modo que se ha celebrado mientras el Tribunal Constitucional aprobaba una resolución para anular la tramitación de esa iniciativa.

El Pleno del TC había suspendido los acuerdos que permitieron la tramitación de la moción de la CUP que pide que la Cámara reitere “su voluntad de ejercer de forma concreta el derecho a la autodeterminación y de respetar la voluntad del pueblo catalán”.

No osbtante, a pesar de haberse reunido de urgencia, no ha podido evitar que a esa misma hora se estuviera realizando la votación de la iniciativa en la cámara autonómica, donde ha resultado aprobada con los votos de JxCat, ERC y la CUP y la abstención de los comunes.

El Ministerio Público investigará ahora si la Mesa del Parlamento y el propio Roger Torrent han podido cometer un delito de desobediencia, como ya hiciera su predecesora en el cargo, Carme Forcadell, condenada por el Tribunal Supremo por el golpe del 1-O.

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