Por Pedro Fernández Barbadillo
Después de profanar la tumba del general Francisco Franco y de ofender a Juan Carlos I, que ordenó la inhumación de su predecesor y benefactor en el Valle de los Caídos, Pedro Sánchez pronunció unas palabras que dieron a los timoratos el alivio de, por fin, haber solucionado el conflicto:
«En unos días, cuando el Valle vuelva a abrir sus puertas, quienes accedan se encontrarán con un lugar distinto. Porque desde hoy quienes yacen son ya todos víctimas y solo víctimas. Cuando el Valle vuelva a abrir sus puertas simbolizará algo distinto: el recuerdo de un dolor que no debe volver a repetirse jamás y un homenaje a todas las víctimas del odio.»
Sánchez, cómo no, mintió. Tres años después, con la aprobación de la ley de ‘memoria democrática’, la izquierda se ha propuesto vejar a José Antonio Primo de Rivera, una de sus numerosas víctimas en el siglo XX.
Un marqués ingresado en varias cárceles
Y es que el fundador de Falange Española sufre casos de delito de odio desde hace más de ochenta años.
En noviembre de 1931 fue detenido por unas horas acusado de estar implicado en una conspiración monárquica. Agosto de 1932, Azaña, presidente del Gobierno, ordenó su encarcelamiento por la sospecha de haber participado en la ‘sanjurjada’ y fue internado durante casi tres meses en la cárcel Modelo de Madrid. En ambos casos, sin pruebas, como preso gubernativo.
Después de que las izquierdas robasen la primera vuelta de las elecciones de febrero de 1936 y Niceto Alcalá Zamora nombrase ilegalmente (no había Cortes) a Azaña presidente del Gobierno, José Antonio no reaccionó con atentados. Como dice Stanely Payne (El camino al 18 de Julio), el marqués de Estella.
«declaró una tregua incluso en los ataques propagandísticos de su partido al nuevo Gobierno, así como en otros actos hostiles contra las izquierdas. Hasta cierto punto José Antonio también se sentía cautivado por el «mito de Azaña», a quien creía un gran líder potencial capaz de llevar a cabo la «revolución nacional»».
Sin embargo, el Frente Popular tenía claro que Falange, aunque minúscula (no había obtenido ni un solo diputado) era uno de sus principales enemigos y se dedicó a aplastarla.
José Antonio, el español al que se le niega el descanso
El 27 de febrero, la Policía clausuró las sedes locales de la Falange Española en toda España con la ridícula acusación de tenencia ilícita de armas. En las sedes socialistas y comunistas, donde se habían ocultado armas para la revolución de octubre de 1934, no se practicaban registros.
Días más tarde empezaron a ser asesinados falangistas: catorce en Almoracid, Madrid, Palencia y Galicia. El 5 de marzo la Policía recogió el semanario falangista Arriba. Los azules respondieron con un atentado el 13 de marzo contra el socialista Luis Jiménez de Asúa, en que murió su escolta.
El 14 de marzo, se arrestó a toda la Junta Política de Falange, incluido a José Antonio, que al no ser elegido diputado había perdido la inmunidad parlamentaria. La acusación se limitaba a la rotura de los precintos de la sede nacional falangista, pero en el informe policial aparecía otro motivo: «Detenido por fascista». Curioso delito que no estaba tipificado en el Código Penal.
A José Antonio se le abrió un segundo proceso por haber declarado que esos precintos los había roto el director general de Seguridad, José Alonso Mallol, con sus cuernos. De eso se preocupaba el jefe la Policía cuando había asesinatos a diario.
José Antonio, el español al que se le niega el descanso. El ‘delito de ser fascista’
Cuando un tribunal anuló los cargos contra José Antonio, «el Gobierno siguió presentando nuevas acusaciones, algunas de ellas de dudosa autenticidad, con el fin de mantenerle sometido a detención permanente», como dice Payne.
El 27 de abril, se le abrió otro proceso por la posesión de armas encontradas en su domicilio en Madrid, ya registrado varias veces por los policías. Uno de éstos había colocado las pistolas.
La Audiencia Provincial de Madrid, en sentencia de 30 de abril, declaró que la ideología de Falange era legal, por lo que José Antonio y sus camaradas quedaban absueltos de asociación ilícita y, por tanto, de ese «delito de fascista» excusa de la izquierda para aniquilar a sus enemigos, aunque sean monjas de clausura. El Gobierno apeló al Tribunal Supremo, que confirmó la sentencia absolutoria el 8 de junio.
La única manera de sacar a José Antonio de la cárcel era con un acta parlamentaria. Como parte del pucherazo, la comisión de actas, controlada por el Frente Popular y el PNV arrebató varias de ellas a las derechas y ordenó la repetición de elecciones en dos provincias. Una de éstas fue Cuenca. Las derechas quisieron presentar a José Antonio y al general Franco, pero el primero se opuso a compartir la lista con el segundo y el militar renunció.
Dio lo mismo, porque el Gobierno, desdiciéndose del decreto de anulación y convocatoria, no permitió nuevos candidatos y, encima, el Frente Popular, con tiros y palizas, le dio la vuelta a los resultados.
El 28 de mayo, José Antonio fue condenado a cinco meses de cárcel por las armas colocadas por la Policía. Al comunicársele la sentencia en la sala de vistas de la cárcel Modelo, insultó a los magistrados y golpeó a un oficial judicial. En consecuencia, se le procesó por dos delitos: desacato y agresión a un funcionario.
Traslado a Alicante
El 5 de junio, el Gobierno rojo ordenó el traslado de José Antonio Primo de Rivera a la cárcel de Alicante. Durante el viaje, el político temió que los sicarios le diesen el ‘paseo’.
Después de comenzada la guerra, en la ciudad levantina se le condenó a muerte en un juicio farsa por auxilio a la rebelión militar, el mismo delito por el que en la otra zona también se juzgaba y ejecuta a civiles y militares.
El 19 de noviembre de 1936 el Consejo de Ministros, presidido por el socialista Francisco Largo Caballero, recibió una petición de conmutación. Indalecio Prieto, ministro de Marina y Aire, y los cuatro ministros anarquistas (Juan García Oliver, Federica Montseny, Juan Peiró y Juan López Sánchez) votaron en contra. Sólo defendieron la conmutación los ministros de Izquierda Republicana, Carlos Esplá y Julio Just.
El Gobierno dio colegiadamente el enterado y Largo lo firmó como presidente. La pena se cumplió el 20 en uno de los patios de la cárcel.
El PSOE usó la violencia antes que Falange Española
A finales de octubre de 1933, el discurso fundacional de Falange Española, José Antonio Primo de Rivera pronunció las palabras que siempre se le echan en cara por parte de los izquierdistas para culparle de incitar a la violencia:
«Bien está la dialéctica como primer instrumento de comunicación. Después, cuando se ofende a la justicia y a la patria, no hay más dialéctica admisible que la de los puños y las pistolas.»
Semanas antes, en septiembre de 1933, Francisco Largo Caballero, ministro hasta el día 12 de ese mes, declaró a Renovación las siguientes barbaridades:
«¿En qué se diferencia el Partido Socialista del partido comunista? Doctrinalmente, en nada. Nosotros profesamos el marxismo en toda su pureza.»
«¿Llegar al Socialismo dentro de la democracia burguesa? ¡Eso es imposible!»
«Yo no sé cómo hay quien tiene tanto horror a la dictadura del proletariado, a una posible violencia obrera. ¿No es mil veces preferible la violencia obrera al fascismo?»
«El Socialismo tendrá que llegar también a la violencia máxima para desplazar al capitalismo»
«Estamos a las puertas de una acción de tal naturaleza que conduzca al proletariado a la revolución social»
Pero para la ‘memoria histórica’ los violentos son los falangistas… ¡que todavía no existían!
En una fosa común
Una vez asesinado, el cuerpo de José Antonio fue arrojado a una fosa común en la sacramental de Florida Alta, junto a los de otros dos falangistas y dos carlistas fusilados con él.
La embajada británica reclamó al Gobierno del Frente Popular una prueba de la muerte del caudillo falangista, debido a la insistencia de Elizabeth Bibescu. Ésta era hija del político liberal Herbert Henry Asquith y el amor secreto de José Antonio. Como no se había redactado certificado de defunción, se exhumó por primera vez el cadáver ante el juez Federico Enjuto y un funcionario de la embajada.
En 1938, el cuerpo se trasladó a un nicho del cementerio Nuestra Señora de los Remedios, también en Alicante. El 19 de noviembre de 1939, de nuevo se abrió la tumba de José Antonio, esta vez por los vencedores de la guerra, para realizar un impresionante traslado a pie hasta El Escorial, adonde llegó el féretro el día 30.
Fue inhumado al pie del altar mayor de la basílica del monasterio. Sobre su cuerpo, una sencilla lápida con su nombre. Los monárquicos refunfuñaron porque El Escorial es panteón de reyes.
El 31 de marzo de 1959, la víspera de la inauguración del Valle de los Caídos, José Antonio fue exhumado por cuarta vez para trasladarle al que se esperaba su destino definitivo. Se le colocó en el mismo lugar en el altar mayor de la iglesia de la Santa Cruz.
Ahora, la familia Primo de Rivera. Exhumará por quinta vez a José Antonio, para que el Gobierno socialista no humille a su familiar, como hizo con Francisco Franco.
En la España del PSOE, la ‘memoria democrática’ y las autonomías, los vivos no dejan a los muertos descansar en paz.
