La ley de Bienestar Animal propuesta por el ministerio de Ione Belarra no se ha aprobado en el Congreso de los Diputados, pero el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, dependiente de la cuota socialista, ya la está aplicando. El Gobierno aprueba leyes sin ser aprobadas en el Congreso.
Aplican una ley sin estar aprobada en el Congreso
La cartera de Teresa Ribera ha dejado de emitir los permisos CITES para comercializar con especies silvestres nacidas y criadas en cautividad, algo perfectamente legal y que se venía haciendo sin ningún tipo de obstáculo hasta la fecha actual. Los criadores afectados denuncian que al menos 8.000 animales están en un limbo legal porque se les está aplicando la ley de Ione Belarra por la puerta de atrás.
El Gobierno aprueba leyes sin ser aprobadas por el Congreso: Tratado internacional de comercio de espécies protegidas
El CITES es un tratado internacional adoptado en la actualidad por 183 países para controlar el comercio internacional de especies amenazadas de fauna y flora silvestres. Según ese tratado, está totalmente prohibido tener y comerciar con especies silvestres. Sin embargo, en el caso de los animales silvestres nacidos y criados en cautividad, se permite a los estados conceder excepciones emitiendo un certificado, conocido como certificado CITES.
Aprueba leyes sin ser aprobadas por el Congreso: Miles de certificados Cites concedidos en 2021
En España, durante el año 2021, se concedieron 8.217 permisos CITES para la exportación de animales vivos, nacidos y criados en cautividad, como por ejemplo rapaces nocturnas, loros, cacatúas, algunos tipos de tortugas… El destino de esos animales silvestres es la reintroducción en el medio silvestre, los parques zoológicos o directamente un particular.
Más de 8000 animales sin registrar
La consecuencia en este asunto. Teniendo en cuenta la media de certificados emitidos en todos los años anteriores. Ahora mismo habría al menos 8.000 animales silvestres sin registrar. Cuyos criadores no pueden vender.
Por otro lado, según alerta López Sánchez. «El ministerio está poniendo a los administrados a los pies de los caballos. Porque se les podría aplicar el artículo 334 del código penal». Que castiga la tenencia de fauna silvestre sin permiso. Con pena de prisión de cuatro meses a dos años o multa de ocho a veinticuatro meses. Y, en todo caso, inhabilitación especial para profesión u oficio de uno a tres años.
