Esta ha sido la recomendación que han realizado en un documento en el que han presentado medidas de lucha contra el fraude fiscal, precisamente cuando se ha conocido que el INE está midiendo el impacto económico de la prostitución y las drogas para incluirlo en el PIB.
Por otro lado, los inspectores de Hacienda señalan que la prostitución podría suponer 6.000 millones al año, según un estudio presentado en el Senado. En cualquier caso, reclaman que haya datos oficiales al respecto.
En el informe también se pide prohibir la financiación pública de los partidos políticos, eliminar los billetes de alta denominación, que Hacienda publique una lista de morosos y recentralizar la fiscalidad y quitar competencias a las Comunidades Autónomas (CCAA).
Por último, en cuanto al delito fiscal, proponen elevar el umbral de los 120.000 euros a los 600.000 euros, pero elevando las penas para que los defraudadores puedan ingresar en prisión.