La donación de 320 millones de euros que anunció el pasado marzo la Fundación Amancio Ortega para la renovación de los equipos de diagnóstico y tratamiento del cáncer en los hospitales públicos españoles no se ve con buenos ojos desde muchas asociaciones de usuarios de la sanidad pública.
El Mundo / El lunes pasado la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Aragón mostró su rechazo a la donación de 10 millones que la Fundación Amancio Ortega acordó con la Comunidad Autónoma de Aragón. El colectivo explica que no es necesario «recurrir, aceptar, ni agradecer la generosidad, altruismo o caridad de ninguna persona o entidad».
«Aspiramos a una adecuada financiación de las necesidades mediante una fiscalidad progresiva que redistribuya recursos priorizando la sanidad pública», afirma el grupo. Esta asociación no es la única que se ha opuesto a este donativo. La semana pasada se hizo pública la donación de 17 millones a la región de Canarias, y la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de esta comunidad criticó la actuación.
Rechazar gestos similares
En un comunicado afirmaron que, ante esta donación, «no podemos sino sonrojarnos de vergüenza ajena» y recalcaron su rechazo al donativo. Añadieron que esta comunidad autónoma no tiene que aceptar ningún gesto similar y «menos aún de quien, siendo el mayor accionista de una de las mayores empresas y fortunas personales del Estado, tendría que demostrar no su filantropía sino su obligación de contribuir al erario público de forma proporcional a sus beneficios y en la misma proporción que el resto de los contribuyentes».
La misma asociación del País Vasco y la de Galicia también hicieron públicos comunicados con un rechazo similar anteriormente, denunciando la «penetración de la ideología neoliberal en la utilización de la tecnología médica».
Estos grupos se integran dentro de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP), cuyo portavoz, Marciano Sánchez, explica a EL MUNDO que la financiación de la sanidad pública tiene que ser responsabilidad de las administraciones. «En nuestro país hay que hacer una política fiscal más ajustada. Ahora mismo las empresas tienen una presión fiscal menor que los ciudadanos», sostiene.
No vivir de limosnas
En su opinión, las donaciones tienen el problema de que las hacen los donantes en lo que les parece oportuno en vez de en aquello que necesita el sistema. «Habría que preguntarse si estas empresas lo utilizan para lavar su imagen», afirma. La radióloga y miembro de la FADSP Luisa Lores explica a este diario que su punto de vista es el mismo. «Parece poco serio, en un país desarrollado, que una persona rica financie la sanidad», afirma. «Nosotros preferimos que se paguen los impuestos y no vivir de limosnas». Además, Lores indica que la donación de Ortega es finalista. «Es para los equipos que él quiere». Añade que hay muchos otros millonarios que se están metiendo en la sanidad pública y, especialmente, en un sistema como el de España «que es reconocido y funciona relativamente bien».
«Las decisiones son de los profesionales»
Fuentes de la Fundación Amancio Ortega consultadas por este periódico afirman que la fundación no toma decisiones sobre cómo se gestiona el sistema sanitario. «La decisión acerca de qué equipamientos se van a adquirir ha correspondido a los sistemas de salud de cada comunidad y, por tanto, a los profesionales en esta cuestión de cada una de estas comunidades», explican. Este proceso llevó varios meses.
La Fundación Amancio Ortega informó en marzo de que con la cuantía de esta donación se podrían adquirir más de 290 equipos de diagnóstico y tratamiento radiológico de última generación. Entre el equipamiento que mencionaba nombraba los destinados a la mamografía digital con tomosíntesis o los aceleradores lineales avanzados, que permiten «realizar diagnósticos más precisos y proporcionar tratamientos más eficaces, menos agresivos y de menor duración».
La fundación no ha querido manifestarse al respecto de las opiniones vertidas por estas asociaciones de usuarios.
