El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz, que instruye el caso del ex tesorero del Partido Popular, Luis Bárcenas, ha dado un paso para responsabilizar al Partido Popular por las donaciones ilegales que supuestamente recibió la formación en el año 2008.
La Información / Ruz ha firmado una providencia en la que da cinco días de plazo a la Agencia Tributaria para que determine «a la mayor brevedad la tributación que eventualmente habría de corresponder al PP por el Impuesto sobre Sociedades en 2008, en relación a las aportaciones económicas que en concepto de donaciones aparecen anotadas en los registros contables opacos recogidos en los denominados papeles de Bárcenas».
Además, el juez aclara a Hacienda que la información que solicita es pertinente «para el caso de que no se consideran rentas exentas de tributación». Y resalta que tendrá que tomar en cuenta este hecho para determinar «la eventual base de tributación en relación con los gastos en que hubiera incurrido la formación política en el ejercicio 2008 que atiendan a los criterios y requisitos establecidos en la legislación tributaria».
Por otra parte, los papeles del ex tesorero incluyen en 2008 un conjunto de donaciones supuestamente ilegales de 1.050.000 euros. Sin embargo, según se desprende de la información de ‘El País’, el Partido Popular no abonó el Impuesto de Sociedades por estos ingresos extraordinarios. En el caso de que se determinase que debía tributar por las donaciones, habría defraudado a Hacienda más de 120.000 euros con lo que habría incurrido en un delito fiscal.
Y el extesorero del PP, de vacaciones
El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha autorizado que el extesorero del Partido Popular (PP), Luis Barcenas, se vaya de vacaciones durante once días a la casa que tiene en las proximidades de la estación de esquí de Baqueira Beret, en Lleida, informaron a Europa Press fuentes jurídicas.
El magistrado autoriza a Bárcenas a acudir a firmar todos los lunes, miércoles y viernes «entre el 23 de febrero y el 5 de marzo, ambos inclusive», en el juzgado de Viella(Lérida), que tendrá que remitir «de forma inmediata vía fax» las «comparecencias que verifique el imputado».
Ruz exigió el pasado 12 de febrero a Bárcenas que concretara su lugar de vacaciones si quería contar con su autorización para cumplir con sus comparecencias judiciales en un lugar distinto a su juzgado, cosa que el imputado hizo hace unos días cuando acudió a firmar a la Audiencia Nacional.
El abogado del antiguo responsable de las finanzas ‘populares’, Francisco Maroto, solicitó en un escrito que su cliente pudiera comparecer en un lugar distinto de la Audiencia Nacional entre los días 23 de febrero y 5 de marzo, con el compromiso de fijar un domicilio y un teléfono de contacto durante esos días.
El titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 permitió este tipo de traslados a otros imputados en el ‘caso Gürtel’, como los presuntos cabecillas de la red, Francisco Correa y Pablo Crespo.
Bárcenas salió de la cárcel el pasado 22 de enero después de que su familia lograra reunir una fianza de 200.000 euros. La Sección Cuarta de la Sala de lo Penal le impuso, no obstante, la obligación de comparecer en la Audiencia Nacional todos los lunes, miércoles y viernes, la obligación de entregar su pasaporte y la prohibición del territorio nacional.
El PSOE exige explicaciones al Gobierno
El portavoz de Hacienda del PSOE, Pedro Saura, ha anunciado que su partido exigirá explicaciones al Gobierno en el Congreso por la última providencia del juez Pablo Ruz en el caso de los ‘papeles’ del extesorero del PP Luis Bárcenas, pues interpreta que el instructor ya está situando al Partido Popular en el «lado de los defraudadores» y enfrente de los demás contribuyentes. «La Justicia cerca al PP», proclama.
El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha solicitado a la Agencia Tributaria, dependiente del Ministerio de Hacienda, que determine «la eventual responsabilidad que pudiera alcanzar al Partido Popular (PP) por el Impuesto sobre Sociedades de 2008» en relación con las donaciones que habría recibido en este ejercicio.
Saura interpreta que el juez Pablo Ruz está dando pasos para acusar de fraude fiscal al partido que sustenta el Gobierno, lo que supone algo «especialmente grave» porque supondría que el PP, que debería velar por que todos los españoles paguen impuestos y se garanticen los ingresos, se habría pasado «al otro lado», con los defraudadores y frente a los demás contribuyentes.
Rajoy «quiso dedicar dos minutos a hablar de corrupción»
«Ya entiendo por qué el presidente Mariano Rajoy sólo quiso dedicar dos minutos a hablar de corrupción en el último Debate sobre el estado de la Nación», ha añadido.
Según ha explicado en declaraciones en el Congreso, la Agencia Tributaria se adelantó al negar que hubiera delito fiscal por parte del PP alegando que la deuda no llegaba a la cuantía mínima, y ahora el juez Ruz pide saber cuánto debía haber pagado Génova por el impuesto de sociedades en 2008 para que sea él, como representante de la Justicia, quien determine si realmente hubo o no delito fiscal.
Por tanto, el dirigente socialista cree que se confirmar que la Agencia Tributaria, dependiente del Ministerio de Hacienda, ha sido utilizada en favor del PP para tratar de eximirle del delito, algo que juzga «muy grave» y por lo que también pedirán explicaciones al ministro Cristóbal Montoro.
