El Sindicato Unificado de Policía (SUP) ha pedido a los jueces que actúen contra la denominada Comisión Internacional de Verificación (CIV), que ha anunciado que ETA deja «fuera de uso operativo» parte de su armamento, al entender que ha destruido pruebas que podrían esclarecer crímenes sin resolver.
El portavoz del SUP, José María Benito, considera «una tomadura de pelo» el anuncio de la banda terrorista al no apreciar «ninguna voluntad de desarme, ni desaparición ni de disolución» de ETA. «Si los verificadores han inutilizado armas o las han destruido, algún juez tendría que tomar medidas, porque algunas de ellas han podido ser usadas en crímenes de ETA aun sin resolver, lo que supondría la destrucción de pruebas que incriminan a terroristas» afirma Benito. Por ello, defiende que «la única verificación posible es la que hacen las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, desmantelando los zulos y poniéndolos a disposición judicial». Todo lo que esté fuera de este escenario, añade el portavoz del SUP, no es más que «una burla» a las víctimas y al trabajo de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.
Información ofrecida por El Economista
