Ni el censo de la consulta ha sido publicado, ni se conocen los puntos de votación de los 847 municipios catalanes.
El referéndum todavía formalmente convocado por un decreto firmado por Artur Mas hace unas semanas llega a sus últimos estertores. El portavoz de la Generalitat, Francesc Homs, dijo que el día 15, a más tardar, la convocatoria a urnas debería ser desconvocada, según la propia disposición convocantes. Pero son los pequeños hechos administrativos los más explícitos en reconocer la “defunción” de la iniciativa.
En primer lugar el censo de aquellos registrados para votar debería haberse publicado, de otra manera la legalidad de la consulta quedaría perjudicada. En segundo lugar es preceptiva la publicación de los puntos de votación en todos y cada uno de los 947 municipios que existen en Cataluña. Parece que, hasta ahora, a pesar de los requerimientos de la Generalitat, la suspensión de la Ley y el decreto, por parte del Tribunal Constitucional ha enfriado a los Ayuntamientos que antes instaban al Presidente Artur Mas a convocar la consulta.
Los más explícitos han hecho saber a la consejería de Gobernación que no asumirán responsabilidades en la convocatoria encubierta del referéndum. Que eso es competencia de la Generalitat, no de los municipios, ni de los funcionarios municipales. Lo cierto es que sólo unos 380 municipios han entregado los puntos de votación previstos para el 9-N a la Generalitat. Este es un paso previo elemental para luego poder convocar a los componentes de todas y cada una de las mesas. Su reclutamiento es ya dudosamente efectivo por falta de tiempo para el 9-N.
Información ofrecida por el diario La Gaceta.
