Durante su comparecencia para explicar cómo se articulará la consulta alternativa que se celebrará el 9-N, el president de la Generalitat, Artur Mas, ha querido dejar claro que el proceso sigue adelante y que en la fecha prevista habrá “locales, urnas y papeletas”.
ECD / Ha explicado que se acogerá a marcos legales previos al decreto de convocatoria impugnado por el Tribunal Constitucional (TC).
Según ha sabido El Confidencial Digital de fuentes conocedoras del proceso, más de 500 ayuntamientos están dispuestos a colaborar con la Generalitat para acoger el plan B que ha anunciado Artur Mas para el próximo 9 de noviembre.
Así se lo han ido transmitido los alcaldes en los últimos días al Departamento de Presidencia, que ha realizado un sondeo por algunas de las localidades catalanas más importantes que están a favor de la celebración de esta consulta.
Organización a través de entidades privadas
Según las fuentes consultadas, los ayuntamientos no se involucrán en la organización directa de la consulta porque el Gobierno central puede tomar medidas contra ellos. Han decidido que sean entidades privadas con sede en los municipios, como la Asamblea Nacional Catalana (ANC), las que se encarguen de todo el dispositivo.
Las votaciones se celebrarán en sus locales privados para evitar que los consistorios tengan que ceder espacios municipales, despúes de que los alcaldes hayan advertido a la Generalitat que éstos pueden ser clausurados por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado por medio de una autorización judicial.
Base de datos que registre los DNI de los votantes
Otro de los aspectos de la logística en los que ya se trabaja es el diseño de una base de datos que permita el registro de los DNI de los participantes. Una labor de la que tampoco se van encargar los consistorios, pero para la que darán todas las facilidades a las plataformas independentistas que van a asumir su preparación.
Así evitan, por ejemplo, que un ciudadano pueda votar dos veces y tener que recurrir a los padrones municipales para elaborar los censos electorales. Un proceso que entraría en colisión con la Ley de Protección de Datos.
