El anuncio hecho el jueves (27 dic 2012) por el presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, acerca de la progresiva supresión de las Fuerzas Armadas españolas, generó nerviosismo en la poderosa industria militar peninsular y posturas encontradas en la sociedad. Mariano Rajoy, explicó que el desmantelamiento será progresivo y durará toda una década, estando prevista su conclusión para el año 2023, dijeron los medios de prensa de ese país.
De acuerdo a un compendio hecho por las agencias de noticias, Rajoy, que ha recordado que fue el Partido Popular quien puso fin en su día al Servicio Militar Obligatorio, siendo Presidente del Gobierno José María Aznar, ha avanzado que la medida, que lleva en estudio desde hace meses, está hablada y consensuada con los socios europeos así como con los gobiernos de los principales países OTAN.
Del mismo modo la supresión de las Fuerzas Armadas, que supondrá la segunda reforma de la Constitución Española en un corto plazo de tiempo, está también pactada con los principales partidos políticos del arco parlamentario español. «La falta de amenazas de tipo militar en la zona del mundo que ocupamos aconseja tomar esta medida, que es la mejor posible para la nación en estos momentos, y centrar los esfuerzos en la prevención y abordaje de amenazas más importantes e inmediatas que las bélicas, como puedan ser el desempleo o la crisis económica», ha resaltado Rajoy, quien también ha querido dejar claro que el proceso no será traumático y que nadie tiene motivo para alarmarse, puesto que «España se dispone a recorrer el mismo camino que antes han transitado pacíficamente otros países como Costa Rica, Islandia o uno con el que tenemos frontera: Andorra, los cuales no tienen ejército desde hace décadas».
La de España es experiencia piloto que podría ser imitada por otros países de la zona. Con esta medida se pretende lograr un importante ahorro para las arcas públicas, ahorro que iría incrementándose anualmente hasta llegar a un tope de 40.000 millones anuales en 2023, si bien en los primeros años será aún escaso, ya que el Gobierno de España debe hacer frente a una deuda de unos 33.000 millones, contraída por los últimos ejecutivos para los programas de adquisición y modernización de armamento. El gobierno del Partido Popular, que se plantea la bajada de algún impuesto de forma paralela, destinará la mayoría de los fondos que se rescaten a sostener los principales sistemas de asistencia pública y social y a la disminución del monto de la deuda, según ha afirmado el Presidente.
Un proceso largo y complejo.
Fuentes militares han confirmado que el desmantelamiento de las Fuerzas Armadas será largo y difícil, pero se confía en que el dilatado plazo previsto, superior a una década, resulte suficiente. Durante este tiempo una comisión interministerial que se creará al efecto, en coordinación con el propio Estado Mayor del ejército, deberá ir cerrando instalaciones militares de forma progresiva. Un problema a resolver es qué hacer con el arsenal. De entrada la idea es dar de baja y desguazar algunos de los vehículos más antiguos, proceso que ya está en marcha con algunos navíos, como el submarino S-72 Siroco, el buque de desembarco Pizarro o el emblemático portaeronaves Príncipe de Asturias.
Se seguirá un proceso similar con el parque móvil más envejecido del Ejército de Tierra y con algunas de las aeronaves de aviación que estén más obsoletas. No se descarta vender parte de material que se conserve en mejor estado a otros países para recuperar parte de las inversiones realizadas, pero la idea principal es la de adecuar todo el material que se pueda a usos de tipo civil. En este sentido las brigadas de extinción de incendios y repoblación forestal, las de salvamento marítimo o las de actuación en caso de catástrofes van a recibir un importantísimo espaldarazo.
Se prevé que queden disponibles numerosas instalaciones hasta ahora en poder del ejército. Las Fuerzas Armadas, en tiempos pretéritos, especialmente durante la dictadura franquista, habían ido acumulando un ingente patrimonio en forma de cuarteles, academias, hospitales, polígonos de tiro y maniobras, instalaciones portuarias y aeroportuarias etc. Toda esta propiedad quedará desafectada de manos militares en el citado plazo de diez años y pasará a otras administraciones: central, autonómicas y locales, las cuales podrán destinar estos espacios a usos sociales de muy diverso tipo, incluso a la generación de actividades económicas que creen empleo.
El personal será recolocado.
Una cuestión que Mariano Rajoy insistió en dejar muy clara es que el personal actual del ejército español, unas 125.000 personas entre tropa y mandos, no debe temer por sus empleos. Los contratos de corta y media duración de la tropa y marinería serán mantenidos durante el tiempo que dure el proceso de transición. La disminución de efectivos se realizará mediante la no convocatoria de oferta para reemplazar las plazas vacantes. Quienes tienen firmados contratos de larga duración hasta los 45 y 58 años serán mantenidos en sus puestos hasta 2023 y, en caso de seguir en vigor su contrato con posterioridad a esta fecha, serán destinados a otros puestos de carácter civil en la propia administración central. Con respecto a la oficialidad, se incentivarán las prejubilaciones y, para aquellos casos que permanezcan en el ejército en 2023, se crearán puestos de tipo civil, del mismo nivel y salario, también en la administración central.
Aunque se espera que la plantilla del ejército llegue ya muy adelgazada a 2023 por factores naturales (jubilaciones, finalización de contratos, abandonos voluntarios…), la idea es contar en esa fecha con un contingente de profesionales bien preparados que puedan reforzar servicios de logística y emergencia de tipo civil. Este tipo de servicios forman parte, precisamente, de los que el Gobierno espera mejorar con el dinero que antes se destinaba a uso militar. El personal del ejército que vaya a ser trasladado a estos servicios se reciclará convenientemente recibiendo, a cargo del propio estado, la correspondiente formación y capacitación profesional que precise su nuevo desempeño.
Nerviosismo en la industria militar
Aunque el anuncio realizado por el Presidente del Gobierno ha sido acogido con aparente tranquilidad por el estamento militar, también se han dejado oir voces críticas. Especialmente contundentes han sido las procedentes de la principal asociación de industrias españolas del sector de la defensa, la cual no ha dudado en tildar de «traición» la decisión del gobierno de Mariano Rajoy y en alertar del golpe que podría suponer la decisión tomada para el sector, muchas de cuyas empresas podrían verse abocadas al cierre.
Al paso de estas declaraciones ha salido Pedro Argüelles, Secretario de Estado de Defensa, quien ha anunciado la creación de planes de reconversión y recolocación laboral para personal procedente de ERES de empresas de defensa en dificultades. «El personal será reubicado en su totalidad en los nuevos servicios públicos que se van a crear con el dinero procedente del gasto militar», ha señalado Argüelles, quien también se ha referido a que las pérdidas económicas que se puedan derivar de la falta de inversiones del estado en este tipo de industrias, habrán de ser asumidas por los propietarios de las mismas, en su mayor parte empresas multinacionales y bancos, quienes no socializaron sus ganancias en tiempos de bonanza económica, ha recordado. Mención especial ha dedicado a la empresa militar naval pública «Navantia», hoy con fuertes pérdidas, la cual será reconvertida en su integridad y orientada a la construcción y reparación de embarcaciones de tipo civil.
Remitido por:
José Antonio Chamorro Manzano
Visto en Cajón de Sastre / Devale.blogspot.com.es
¿Inocentada o qué?
