Los partidos políticos trabajan ya con el escenario de que las elecciones generales vuelvan a celebrarse en el mes de mayo. En el terreno de los discursos políticos, todas las partes implicadas apelan al argumento de que un adelanto electoral sería un fracaso colectivo y una mala salida para el interés de los ciudadanos. Pero, sin embargo, en clave de estrategia, todos están ya barajando ese horizonte como «muy probable». —Rajoy cree que tiene al PP bajo control pese a los contubernios internos—
La Razón / La mayoría trabaja con dos hipótesis: el adelanto electoral, que asumen como muy previsible, o que al final, y ya como última salida, el PSOE acabe absteniéndose porque entienda que ir a unas elecciones tendría un alto coste para ellos. En la dirección popular descartan la posibilidad de que los socialistas acaben llegando a un acuerdo con Podemos. —Alberto Garzón anuncia la desaparición de Izquierda Unida—
La tesis que manejan en Moncloa y en el PP es que Pedro Sánchez necesita aferrarse a esa hipótesis porque es, posiblemente, su único salvavidas al frente del partido, pero la ven imposible de gestionar. Sostienen que Pablo Iglesias no facilitará el Gobierno a Pedro Sánchez, ya que su objetivo «no es ayudarle a encontrar una salida, sino aprovechar su crisis para culminar la engullición de su electorado». Y, además, porque consideran que con 90 escaños no tiene ninguna posibilidad de llegar a ser presidente del Gobierno aunque haya decidido enredarse en la política de las alianzas. «Los 17 votos independentistas catalanes votarán “no” a Rajoy y también a Sánchez, y Podemos no tiene ningún interés en gobernar con el PSOE», sentencian en Moncloa.
Por tanto, la realidad es que en los «cuarteles generales» de los partidos asumen que tienen que mantener activa su maquinaria electoral por si tienen que volver a meterse en campaña antes del verano. Las urnas han dejado tres bloques compactos, insuficientes y sin trasvases, que hacen muy difícil la gobernabilidad: el del centroderecha, el de la izquierda (enzarzada en su pugna por el liderazgo) y el nacionalista. Una vez que Rajoy se presente a la sesión de investidura, que previsiblemente será a finales de enero o principios de febrero, empezarán a contar los dos meses de plazo que establece la Constitución antes de convocar obligatoriamente nuevas elecciones. Y todo depende de la decisión que adopten los socialistas en las próximas semanas. Si celebran un Congreso Federal, cuándo y qué solución buscan para su Secretaría General. Decisiones puramente de partido, pero en cuya resolución está el futuro del Gobierno de la nación.
Si se hace caso del análisis de los estrategas electorales, hay coincidencia en el pronóstico de que al PSOE no le viene bien volver a presentarse en estas condiciones a unas elecciones. Su gestión del mal resultado electoral, la imagen de división interna y el ruido que inevitablemente acompañará al Congreso Federal, si lo convocan a principios de año, no facilitan, en ningún caso, la contención de la fuga de votos al partido de Pablo Iglesias.
Por contra, también hay bastante coincidencia entre los expertos en dar por hecho que unas nuevas elecciones beneficiarían, especialmente, a Podemos. La campaña ya les sentó bien en cuanto a la rendición en las urnas, y una situación de bloqueo y con el PSOE perdido en sus guerras internas son elementos que juegan de nuevo a su favor. En la lucha entre PP y Ciudadanos, una vez que el 20-D confirmó que la mayoría de los votos de Albert Rivera son votos prestados de los populares, la hipótesis de unas nuevas elecciones también lleva a los expertos a inclinarse por la tesis de que de esta coyuntura es previsible que saque más ventaja el PP que Ciudadanos. La imagen de bloqueo y de parálisis, y el hecho de que los votos que recibió Rivera en las elecciones de diciembre no hayan sido suficientes como para convertirlo en árbitro de la situación, pueden llevar a que en el imaginario popular prenda con más fuerza la idea del voto útil frente a la izquierda y la consigna de que sólo el PP puede hacer de barrera a la inestabilidad de una alternativa de izquierdas. La convocatoria de unas nuevas elecciones exigiría una pequeña modificación presupuestaria, para asumir su coste, que un Gobierno en funciones aprobaría sin más problema y con el apoyo de los demás grupos. Y en cuanto a la estrategia de campaña de unos y otros, estaría muy condicionada por el papel que han jugado en esta etapa de transición. En ese escenario, los dos partidos mayoritarios intentarían polarizar todo lo posible al electorado bajo la consigna de que la fragmentación ha llevado a una situación de absoluta ingobernabilidad. La incógnita está en cómo penalizaría el electorado la incapacidad de los partidos de cumplir con el mandato de las urnas y de llegar a acuerdos por encima de sus siglas y de sus intereses de partido.
Rajoy, de hecho, ha optado por gestionar el escenario postelectoral primando el mensaje del acuerdo y del diálogo. Es decir, ofrecer al electorado la imagen de que si no hay pacto no es porque él no lo haya intentado ni porque su partido haya considerado que le interesaba más volver a repetir las elecciones. «Hay que trabajar por intentar conseguir que se forme Gobierno. Aunque sepamos que estamos abocados a una Legislatura corta y en la que es más que previsible que el PSOE nos intente cercar con la moción de censura. Pero hay que apostar fuerte por nuestro derecho a gobernar, sin perder de vista que todos estamos ya dando pasos y fijando posiciones en clave preelectoral. Sólo por si acaso», advierte un miembro del Comité de Dirección del PP. La reactivación del desafío independentista, según avance la conformación del nuevo Gobierno catalán, también tendrá su peso en la estrategia nacional. El PP la usará como otra razón para presionar al PSOE para que «facilite la estabilidad».
Repetir las generales: 160 millones
Unas nuevas elecciones costarían 160 millones, que comprende el gasto empleado por el Ministerio del Interior para los pasados comicios (130 millones), así como la cantidad que los partidos han destinado para la campaña y los más de 25 millones que éstos reciben por los resultados de las elecciones (21.167,64 euros por escaño y 0,81 euros por cada voto obtenido con escaño). El 20-D costó a las arcas públicas un total de 130.244.505 euros. La mayor parte de esta partida se la lleva las administraciones públicas con más de 55 millones de euros, seguida de Correos, con 48 millones; telecomunicaciones, 12,8, y la logística, 12,5. Además de una partida de 1,7 millones para imprevistos. Se suma también el gasto por partido y la subvención para la propaganda electoral.
¿«la rendición en las urnas»? Redactado por alguna víctima de la LOGSE, supongo.