Nuevo golpe a la financiación ilegal de Convergencia, el cobro sistemático de porcentajes que oscilan entre el tres y el siete por ciento de las adjudicaciones de obras y servicios dependientes de las administraciones controladas por CDC, ahora PDECat. Tres sobresalientes nacionalistas han sido detenidos. Antoni Vives, exconcejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Barcelona, el director del Puerto de la capital catalana, Sixte Cambra, y Francesc Sánchez, el delegado de Mas para pilotar el cambio de nombre del partido e intentar eludir la sombra del 3%. Según los investigadores, los principales cabecillas del partido y algunos de sus principales altos cargos públicos han mantenido vigente el sistema inventado por Jordi Pujol. El escándalo salpica directamente tanto a Artur Mas como a Carles Puigdemont, estrechamente vinculados a los implicados en el amaño de concursos, recaudación y ocultación de las millonarias dádivas empresariales a cambio de multimillonarias adjudicaciones. La Guardia Civil ha bautizado esta nueva fase del caso Petrum como operación «Pika»
LD / Los agentes de la Guardia Civil encargados de las investigaciones del cobro de comisiones irregulares de Convergencia han emprendido este jueves por la mañana una operación con la entrada y registro en varias sociedades públicas, tales como Barcelona d’Infraestructures Municipals SA, Infraestructures.Cat y la Autoridad Portuaria, y algunas privadas, entre las que destaca Copisa, implicada en el caso Pujol. Se investiga la adjudicación de contratos a empresas a cambio de importantes donaciones a la fundación convergente Catdem.
Entre las operaciones que analiza la Guardia Civil destaca la multimillonaria adjudicación de la construcción del túnel de la plaza de las Glorias de Barcelona y la prolongación del dique del puerto de Barcelona. Las concesiones iban aparejadas al cobro de comisiones a través de la fundación nacionalista, que desviaba el dinero al partido de Artur Mas, según los investigadores. La operación ha comportado la detención de 18 personas, según la Fiscalía. Se les imputa delitos de organización criminal, cohecho, tráfico de influencias, prevaricación, financiación ilegal de partidos políticos, blanqueo de capitales y malversación de caudales públicos.
Según las pesquisas, además de los exgerentes del partido de Mas y Puigdemont, Andreu Viloca y Daniel Osácar, la red convergente del 3% contaba con la colaboración de altos cargos afines en puestos claves de la sociedades públicas encargadas de gestionar la adjudicación de las grandes obras de infraestructuras, tanto las dependientes de la Generalidad como las del Ayuntamiento en tiempos de Xavier Trias como alcalde. Una de las personas presuntamente relacionadas con el caso es Antoni Vives, exconcejal convergente, exsecretario general de la Generalidad y personaje estrechamente vinculado a Mas.
La operación es fruto de las investigaciones llevadas a cabo por el juzgado de instruccion número 1 de El Vendrell (Tarragona) y la Fiscalía Anticorrupción en el marco del caso Petrum, una derivada del conocido escándalo del cobro de comisiones, una práctica que se habría mantenido con Artur Mas al frente de la Generalidad a pesar de la confesión de Pujol y de las promesas de regeneración y transparencia del gobierno autonómico.
Duro golpe para los convergentes
Además de Antoni Vives, entre los supuestos implicados constan el presidente del Puerto de Barcelona, Sixte Cambra, así como Francesc Sánchez, responsable de régimen interno de Convergencia y la mano derecha de Artur Mas en la transformación de CDC en el PDEcat. El juez y la fiscalía atribuyen a estas personas un papel imprescindible para el mantenimiento del sistema de cobro de comisiones y la contabilidad en negro de la formación nacionalista. Los tres habrían sido ya detenidos por la Guardia Civil, que también realiza registros en empresas radicadas en Madrid.
La detención de estos tres personajes supone un duro golpe para los convergentes, dado su papel en la refundación del partido. Esta nueva fase de la operación Petrum se produce a cuatro días del comienzo del juicio en el TSJC por la celebración del referéndum ilegal del 9-N.
Entre los arrestados también está el director de la empresa municipal barcelonesa Bimsa, Ángel Sánchez y el exgerente municipal, barcelonés Constantí Serrallonga.
Una práctica habitual
Según fuentes de la investigación, el cobro de comisiones ilegales habría continuado siendo una práctica habitual en la Generalidad de Artur Mas y en el Ayuntamieto de Xavier Trias. Se da la circunstancia de que las empresas beneficiadas con los contratos de obra pública hacían los pagos a las fundaciones convergentes Catdem y Fórum pocos días antes de que la Generalidad o el Ayuntamiento adjudicasen los proyectos.
El caso arrancó a raíz de una denuncia de la exconcejal de ERC en Torredembarra Montserrat Gasulla sobre las adjudicaciones del alcalde convergente. El caso cayó en manos del juez de El Vendrell Josep Bosch, quien con el concurso de los fiscales y la comandancia de la Guardia Civil en Tarragona desentrañó el pago regular de comisiones a Convergencia. En aquella primera fase fueron detenidos varios miembros de la familia Sumarroca, íntimos de los Pujol, y se registró por primera vez la sede del partido de Mas y Puigdemont. Ambos tienen comprometidas conexiones con todos los nombres del 3%.
