El Tribunal de lo Contencioso Administrativo número 3 ha obligado al Ayuntamiento de Madrid a suspender cautelarmente el acto en apoyo del referéndum de Cataluña convocado para este domingo en Matadero, una instalación de titularidad municipal. El PP había recurrido a la Justicia para solicitar su prohibición por considerar que era un evento para hacer «apología» de la consulta suspendida por el Tribunal Constitucional.
El Mundo / «Estamos enormemente satisfechos porque el auto es contundente», ha asegurado este martes el portavoz de los ‘populares’ en el Pleno de Cibeles, José Luis Martínez-Almeida, tras conocer la resolución judicial. «Basta ya de que Manuela Carmena le ponga la alfombra roja al independentismo ilegal», ha añadido en una comparecencia acompañado por 12 de los ediles del principal grupo de la oposición.
El magistrado argumenta en su escrito que «no es posible que un acto que abiertamente se dirige contra lo dispuesto en la Constitución pueda contar con el apoyo de un municipio (…), que también tiene obligación de cumplir las leyes vigentes». Asimismo, sostiene que los bienes de propiedad municipal tienen como «función principal servir a los intereses generales, entre los cuales no puede incluirse en modo alguno, la pretensión de realizar actos públicos en favor de un referéndum ilegal, suspendido por el Tribunal Constitucional, y que atenta directa, clara y gravemente contra la unidad de España».
El Ayuntamiento tiene ahora un plazo de tres días para presentar alegaciones a la suspensión cautelar. El PP ha pedido al Gobierno de Ahora Madrid que «sencillamente acate» esta resolución y que no la recurra.
En su recurso, los ‘populares’ argumentaban que la sesión sobre el 1-O organizada por la plataforma Madrileños por el Derecho a Decidir es de «extrema gravedad» porque «se trataría de un evento de apoyo a la Ley del Parlamento de Cataluña 19/2017, así como a sus disposiciones de desarrollo, singularmente el decreto de convocatoria del referéndum de autodeterminación para Cataluña, suspendida por el Tribunal Consitucional en providencia de 7 de septiembre de 2017».
Asimismo, sostiene que las decisiones de Alto Tribunal «son de obligado cumplimiento para todos los poderes públicos y, por tanto, obliga a las autoridades municipales del Ayuntamiento de Madrid».
