El intento de denunciar la, en ocasiones, dudosa práctica de los partidos políticos de depositar el voto por correo delegado ha acabado esta vez volviéndose en contra de la denunciante: una funcionaria de Correos militante de la formación política comunista -Podemos- en un pueblo de Valencia.
Elecciones del pasado día 20 del mes de diciembre de 2015. En la localidad valenciana de Puzol -que cuenta con más de 19.000 habitantes-, varios miembros del Partido Popular, entre ellos la portavoz en el Ayuntamiento, Paz Carceller, se dirigen a la oficina de Correos para depositar varios votos de personas del municipio que se encuentran impedidas para desplazarse a realizar esta acción por ellas mismas.
Al tratar de introducirlos, la directora de la oficina, en ese momento secretaria general de Podemos en Rafelbunyol (localidad muy cercana a Puzol) decide bloquear tres votos por considerar que ese mecanismo no se ajustaba a la legalidad y se encontraba manipulado.
Opta a continuación por dar aviso a su partido, el cual interpone una denuncia contra las tres personas implicadas del Partido Popular por haber cometido un supuesto delito electoral. Ésta acaba en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Massamagrell, desde donde el pasado 16 de mayo se decidió sobreseer provisionalmente estas actuaciones por no quedar acreditadas las acusaciones, según ha informado el diario La Razón.
Pero la juez no se ha quedado ahí y ha decidido poner la resolución en conocimiento del la Fiscalía para que investigue la posible responsabilidad criminal de la directora de la oficina al apartar y dejar de tramitar los votos por correspondencia emitidos por tres electores a través de sus representantes.
