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Torres-Dulce actuará contra Mas pese a la Fiscalía catalana

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El fiscal general, Eduardo Torres-Dulce, va a recabar el apoyo de la Junta de Fiscales de Sala, el generalato del Ministerio Público, para presentar una querella contra el presidente de la Generalitat, Artur Mas, tras la negativa de los fiscales de Cataluña a llevar a cabo esa acción penal por la celebración de la consulta del 9-N pese a la suspensión decretada por el Tribunal Constitucional.

Torres-Dulce sigue considerando que procede actuar contra Mas, la vicepresidenta de la Generalitat, Joana Ortega, y la consejera de Educación, Irene Rigau, por desobediencia, prevaricación, usurpación de funciones y malversación de fondos públicos.

La Fiscalía del Tribunal Superior de Cataluña se pronunció ayer, ya por unanimidad, en contra de la interposición de una querella contra el presidente y la vicepresidenta de la Generalitat, Artur Mas y Joana Ortega, por desobedecer al Tribunal Constitucional celebrando el 9-N una consulta sobre la independencia de Cataluña que estaba suspendida. El pasado lunes, el resultado del debate sobre la querella fue de seis votos en contra y tres a favor.

La negativa a actuar penalmente contra Mas fue comunicada en un informe sin rúbricas enviado a la Fiscalía General, junto con otro escrito del fiscal superior de Cataluña, José María Romero de Tejada, en el que asume la postura de sus subordinados.

Además de esos dos escritos, la Fiscalía Superior de Cataluña remitió a Madrid el acta de la junta que comenzó a celebrar el pasado viernes y que prosiguió ayer.

El acta -unánime- concluye que los fiscales del Tribunal Superior de Cataluña «aprecian serias objeciones que dificultan sobremanera la viabilidad de una eventual acción penal contra el presidente de la Generalitat y otros miembros de su Gobierno por un delito de desobediencia». «Sin que por ello», añade el documento, conocido por EL MUNDO, «dejen de ser conscientes de que las autoridades antes mencionadas en su actuación en el ‘proceso participativo ciudadano’ han recurrido al empleo de argucias jurídicas sin precedentes -ni siquiera en el Derecho comparado- y actuado con absoluta falta de lealtad al acuerdo constitucional».

Los fiscales de Cataluña no niegan, pues, que se haya desobedecido al TC. Más aún, consideran que el Gobierno catalán ha actuado con «argucias jurídicas» y «falta de lealtad» respecto a la suspensión de la consulta. Pero consideran que una acción penal sería inviable.

Ello se debe a que sostienen que faltaría uno de los requisitos que, en su opinión, exigiría la jurisprudencia del Tribunal Supremo: que haya habido un requerimiento o apercibimiento a Mas de las responsabilidades penales en que incurriría en caso de no respetar la suspensión.

Para la Fiscalía General, sin embargo, ese requerimiento o apercibimiento no es exigible en el caso del presidente de la Generalitat, a quien el TC dirigió personalmente una notificación con el acuerdo de suspensión.

Según el criterio de la Fiscalía General, Mas era perfectamente consciente de que la consulta no podía celebrarse, por lo que se cumpliría lo que, en supuestos homologables, ha exigido la doctrina de la Sala Penal: «El pleno aseguramiento del conocimiento, por parte del desobediente, del mandato incumplido».

Junta de Fiscales de Sala

Eduardo Torres-Dulce ordenó en la tarde de ayer al fiscal superior de Cataluña que presentara la querella contra Mas, la vicepresidenta Joana Ortega y la consejera Irene Rigau. Romero de Tejada no lo consideró procedente, por lo que el fiscal general puso en marcha ayer mismo el mecanismo que prevé el artículo 27 del estatuto orgánico de los fiscales.

De acuerdo con ese precepto, en el caso de que el fiscal general dé una orden que se considere improcedente por el subordinado al que corresponde cumplirla, debe convocarse la Junta de Fiscales de Sala.

Este órgano, constituido por los 25 fiscales que ostentan la más alta categoría profesional en la carrera, asiste al fiscal general en materia doctrinal y técnica y en cuanto a la formación unitaria de criterios de interpretación y actuación legal.

La Junta de Fiscales de Sala debe ser oída antes de actuar contra un miembro del Gobierno de la Nación, pero no está previsto que se haga cuando está en cuestión la conducta de un presidente autonómico. De hecho, el Ministerio Fiscal nunca ha actuado contra el jefe de un Gobierno regional por desobediencia a los tribunales. El precedente más equiparable, la condena al ex presidente del Parlamento vasco Juan María Atutxa, se produjo a instancias de una acusación popular, el sindicato Manos Limpias, y no del fiscal. Cándido Conde-Pumpido, fiscal general en aquel momento, vetó la presentación de una querella.

Torres-Dulce ordenó a la Fiscalía de Cataluña que abriera diligencias de investigación el sábado previo a la consulta y a las pocas horas de la votación envió a Romero de Tejada un borrador de querella. Ahora sigue creyendo que tanto Mas como Ortega y Rigau han podido incurrir no sólo en desobediencia al TC, sino también en prevaricación, usurpación de funciones y malversación de fondos públicos.

Mañana someterá su opinión a la consideración de una cúpula del Ministerio Público que fue configurada por su antecesor, Conde-Pumpido, y no por él. De los 25 generales de la carrera, Torres-Dulce sólo ha propuesto a cuatro. Aunque el estatuto no establece que el criterio de la Junta de Fiscales de Sala sea vinculante, en la práctica es difícil que el fiscal general no lo respete.

Información ofrecida por el diario El Mundo.

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