Durante dos cursos, Tania Sánchez, candidata de Izquierda Unida a presidir la Comunidad, asistió como alumna a talleres musicales en la cooperativa Aúpa, que dirigía su hermano Héctor. Esto contrasta con sus repetidas afirmaciones de que ignoraba que su hermano fuera el administrador.
Por estos y otros programas socioculturales, la cooperativa facturó al Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid -en el que la hoy diputada regional y su padre eran concejales- un total de 1,2 millones de euros en seis años. Sánchez se apuntó al programa de canto (voz) de enero a junio de 2003, y al de batería de octubre de 2004 a junio de 2005. Así consta en las fichas de alumnado incluidas en las memorias anuales de Aúpa.
Fuentes próximas a Sánchez confirman a EL PAÍS la asistencia de la candidata a las clases e insiste en su ignorancia sobre el papel de su hermano. “Estamos tranquilos. Iba a clase como sus amigas y mucha gente en Rivas. Sabía que su hermano estaba en Aúpa, pero no qué cargo desempeñaba. Está ya todo dicho”, aseguran.
En ese periodo, Sánchez no era concejala -lo fue de 2007 a 2011-, pero sí asesora del grupo municipal de IU. Además, acababa de abandonar la casa de su padre -el edil Raúl Sánchez-, donde se estableció la sede social de Aúpa, un año después de empezar ella las clases. El cambio de domicilio social se produjo en diciembre de 2003, cuando su hermano se hizo administrador.
Tania Sánchez acudió a sus clases de canto junto a una de las fundadoras de Aúpa, Abril Barceló, que aún era interventora de la cooperativa. Luego coincidió en clases de batería con otra fundadora, Miriam Álvarez, aunque en distinto horario. Y, en paralelo, ese año el propio Héctor ocupó una plaza en clase de capoeira.
Las clases a las que asistió Tania Sánchez se celebraban entre las 21.00 y las 23.00. La de batería era de media hora y tenía cuatro alumnos. La candidata sobresalía al parecer por su impuntualidad. Su ficha de canto certifica: “Le resulta un poco difícil. Muestra mucho interés y seriedad. Por su trabajo, falta bastante”.
En 2008, tres años después de finalizar las lecciones, la ya concejala de Cultura participó en la Junta de Gobierno local que refrendó un contrato de 137.000 euros para esos mismos talleres. Fue una de las más de 4.000 adjudicaciones de aquella legislatura. Fuentes cercanas a Sánchez insisten: “No queda bien que estuviese presente en la Junta, pero fue irrelevante su actuación. No cambió nada. No hay nada ilegal”.
El miércoles, ante la comisión de investigación sobre este asunto celebrada en el Ayuntamiento de Rivas, Sánchez negó conocer entonces que su hermano era el administrador. “Sabía que trabajaba en Aúpa”, dijo. Por su ignorancia, explicó, no se abstuvo de refrendar las adjudicaciones o se salió de la reunión de la Junta. La Ley de Contratos Públicos obliga a ausentarse en las votaciones de los contratos familiares y ella no lo hizo. Tampoco su padre.
Aunque Héctor Sánchez solo hubiese sido socio -no administrador-, legalmente su familia también debería haberlo comunicado al Ayuntamiento. El entonces alcalde, José Masa (IU), asegura que si hubiese sido informado del asunto habría impedido el contrato: “Supone un desgaste político y puede haber manipulación mediática”.
Según la oposición, el informe de los servicios jurídicos de Rivas confirma la ilegalidad en la actuación. La alcaldía ha reaccionado encargando otro informe al Instituto de Derecho Local de la Universidad Autónoma, que sostiene lo contrario: los concejales, a diferencia de otros cargos públicos, representan a los ciudadanos y no a sí mismos cuando votan.
Información ofrecida por el diario El País.
