José del Castillo Sáenz de Tejada, el teniente de la Guardia de Asalto que fue asesinado el 12 de julio de 1936 y que desencadenó la venganza que culminó con el asesinato del líder de la derecha monárquica José Calvo Sotelo, fue un criminal protegido por el Gobierno del Frente Popular. Una persona que usaba su cargo como militar para beneficio sectario de sus ideas políticas, no para garantizar la seguridad de los Españoles, objetivo al que se había comprometido, pero que no cumplió en varios episodios de su vida.
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La Gaceta / Ahora, el Comisariado de la Memoria Histórica que preside la socialista Francisca Sauquillo quiere darle una calle en Madrid, una distinción que ya tuvo durante la Guerra Civil, pero que es más que discutible incluso aplicando la Ley de Memoria Histórica.
Durante la revolución de octubre de 1934, Castillo formaba parte de las columnas enviadas por el Gobierno legítimo de la República para sofocar un movimiento revolucionario que pretendía dar un golpe de Estado. Recordemos que la revolución de octubre fue un intento de anarquistas, socialistas y comunistas de impedir el acceso al Gobierno del partido que había ganado las elecciones: la Confederación Española de Derechas Autónomas (CEDA).
Dirigía una sección de morteros que debía atacar a los revolucionarios en Villaviciosa. Esos revolucionarios habían causado la muerte de centenares de personas, entre ellos varias decenas de religiosos, y habían bombardeado Oviedo, donde también habían quemado la Universidad, la Catedral y la Cámara Santa. Estaban realizando actos criminales, pero bajo el argumento de que él no disparaba contra el pueblo, se negó a reestablecer el orden y terminar con los asesinatos que se venían sucediendo.
Fue destituído y condenado, pero se reincorporó a la vida el 12 de marzo, tras la victoria del Frente Popular. Desde entonces su militancia en la Unión Militar Republicana Antifascista (UMRA) y su compromiso como instructor de las milicias de las Juventudes Socialistas Unificadas, pesaron más que su compromiso de defender a España y los españoles. Su nuevo puesto estaba en la Guardia de Asalto y su destino en el cuartel de Pontejos, en una compañía de especialidades que tenía como objetivo el mantenimiento del orden público. Curiosamente un orden que el atacaba adiestrando a los pistoleros socialistas y comunistas.
El 14 de abril de 1936 se festejaba el quinto aniversario de la proclamación de la república. Durante el desfile militar, un grupo de obreros abucheó a su paso a la Guardia Civil. Un miembro del Instituro Armado que se encontraba presente, de paisano, les recriminó su actitud y, al volverse le asesinaron de un disparo por la espalda.
Su nombre era Anastasio de los Reyes. Dos días después se celebró un multitudinario entierro al que asistieron representantes de todos los partidos de la derecha y muy pocos miembros de los partidos del Gobierno. Quienes sí estuvieron presentes fueron numerosos agentes de las diversas policías, militares y guardias civiles. Durante el recorrido desde el hipódromo al cementerio del Este, la comitiva fue atacada numerosas veces, causando varios heridos y obligando a intervenir a los agentes de paisano que se encontraban presentes, ya que desde Gubernación (antiguo Ministerio del Interior) no se dotó a la marcha de protección.
Cuando el cortejo fúnebre llegó a la altura de la plaza de Manuel Becerra se encontró a la sección de la Guardia de Asalto del teniente Castillo que les cortaba el paso. Sin previo aviso, Castillo ordenó abrir fuego contra quienes avanzaban los primeros. Como consecuencia de los disparos murieron tres personas: Andrés Sáenz de Heredia, de 24 años; Manuel Rodríguez Gimeno, de 30; y Luis Rodríguez Verges, de 23 años. Los tres recibieron disparos en la cabeza que les causaron la muerte casi inmediata. Además hubo varias decenas de heridos de diversa consideración.
Curiosamente, en esta ocasión el teniente Castillo hizo todo lo contrario de lo que había hecho en la revolución de octubre. En este caso no solamente disparó contra el pueblo, sino que la orden partió de el. Y el Gobierno republicano del Frente Popular no abrió, si quiera, una investigación oficial. Protegió al militar que había ordenado el asesinato a sangre fría de varias personas, abusando de su cargo, por el mero hecho de pensar de diferente manera.