Susana García inicia la guerra entre el Senado y el Congreso contra la Ley de Amnistía
El Partido Popular va a tratar de frenar la Ley de Amnistía por todos los medios. Por lo menos eso es lo que quieren hacer ver a la opinición publica. Una paralización que se la han pedido en reiteradas ocasiones los de VOX.
Susana García inicia la guerra entre el Senado y el Congreso contra la Ley de Amnistía
La Portavoz en la cámara en el Senado, la popular Alicia García, ha comunicado a los medios del Régimen corrupto del 78 que pedirán formalmente al Congreso de los Diputados la retirada de la Proposición de Ley «por tratarse de una reforma encubierta de la Constitución». Así se lo ha anunciado al ministro de Presidencia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, durante una interpelación en el Senado.
«Le aseguro que el Partido Popular defenderá, por encima de todo, las facultades de esta Cámara y los derechos de todos los españoles, porque no solo está en juego la capacidad del Senado, sino la defensa del Estado de derecho y el cumplimiento de la Constitución», ha comentado la Portavoz del Partido Popular en el Senado. Además tienes que ver la información relacionada –El PSOE culmina su traición con la aprobación de la Ley de Amnistía-.
Guerra entre el Senado y el Congreso propuesta por el Partido Popular para frenar el trámite de la Amnistía
Por lo tanto -declarado el conflicto institucional- los populares elevarán a la Mesa de la Cámara Alta -Senado- (en la que tienen mayoría absoluta) un escrito en el que plantea un conflicto entre órganos constitucionales -Senado y Congreso de los Diputados- por la proposición de Ley de Amnistía del PSOE.
Todo ello después de que el informe de los letrados del Senado hablara del planteamiento de un conflicto entre órganos constitucionales como una de las posibles vías para paralizar la tramitación de la proposición de ley de amnistía.
Los pasos que seguirá el Partido Popular para el conflicto contra el PSOE y la ley de Amnistía
Desde el Partido Popular explican que el procedimiento pasa por plantear este conflicto de competencias en el Pleno del Senado después de Semana Santa para requerir formalmente al Congreso de los Diputados la retirada de la proposición de ley de amnistía.
Desde ese momento, el Congreso de los Diputados tendrá un plazo máximo de respuesta de 30 días (un mes en total). Si no lo hace o su respuesta es negativa, el siguiente paso sería llevar al Tribunal Constitucional el conflicto de competencias. Esto no dilata la tramitación ni se paraliza, a no ser que se pidan medidas cautelarísimas. En este caso sería el Tribunal Constitucional, presidido por Cándido Conde-Pumpido, el encargado de tomar la última decisión.
