Por Alberto Gugel para elmunicipio.es
El 6 de octubre de 1934, el Presidente de la Generalidad Catalana, Lluis Companys, se rebelaba, declarando la independencia de Cataluña respecto el resto de España, lo que produjo graves disturbios en Cataluña.
La respuesta del gobierno de la República fue inmediata, le detuvieron, le juzgaron en el Tribunal de Garantías Constitucionales y le condenaron por un delito de rebelión contra España, a treinta años de prisión.
Hoy, 9 de noviembre de 2015, son los partidos secesionistas, quienes unidos en el parlamento autonómico catalán, han conseguido votar por mayoría la Independencia.
Nos encontramos en el umbral de un delito de rebelión, castigado en el Código vigente penal con un máximo de 25 años de prisión.
El gobierno del PP debe estar preparado para aplicar la Ley, como ha reiterado en estas últimas semanas. A estas alturas, sería un mentiroso quién dijese que existe un problema político. Lo que hay es un verdadero conflicto de Orden Público y el Estado debe responder, con la Fuerza si fuese preciso.
Pero ahora vamos a hablar de política. ¿Quiénes son los responsables? ¿Quiénes han conducido a tal división en el querido pueblo catalán?
En los años 60, en la última fase del Régimen del General Franco, se encaramaron en el poder un grupo de tecnócratas que construyeron la economía con los Planes de Desarrollo, cuya principal característica era su desigualdad territorial, puesto que se elegía desarrollar Madrid, Cataluña y Vascongadas, en detrimento de las otras partes del territorio nacional.
Sobre el mapa de España, dibujaron un triángulo que partía de Madrid hacia Vascongadas y luego bajaba a Cataluña: el triángulo del Ebro.
La consecuencia fue una emigración interior, de consecuencias dramáticas para las otras regiones, que se despoblaron en busca de trabajo.
En Cataluña, los que venían de otras regiones a trabajar y se quedaban definitivamente allí, eran llamados “charnegos” y considerados catalanes de segunda fila por la incipiente gran burguesía catalana, que luego ha tenido tanta importancia en la situación que estamos padeciendo.
Esta minoría de familias catalanas, enriquecida por los sustanciosos negocios que había producido la política de Madrid, no se conformaron con el poder económico sino que se introdujeron en los tres partidos políticos influyentes, Convergencia, Unión democrática y Partido de los Socialistas Catalanes, generadores de la posterior corrupción política y económica que ha asolado Cataluña desde los tiempos de la Transición, al servicio del Capitalismo Financiero Internacional.
También de la inmersión lingüística, con la imposición de planes de estudios, en los que se falsificaba la historia, con el objetivo de inculcar odio en todos los estudiantes hacia la unidad de España.
Cuando José Antonio Primo de Rivera, afirmaba que desmontar el Capitalismo, es sobre todo una alta tarea moral, seguro que tenía “in mente”, el Capitalismo Financiero, que en la actualidad está infiltrado en todos los Organismos Internacionales, tanto políticos como económicos y que tiene tanto que ver con lo que sucede en Cataluña.
La realidad del Estado Español, es que tiene limitada su soberanía política y económica.
Que depende del pago de la Deuda y que no puede hacer una política nacional económica.
Todos los gobiernos del PP y del PSOE han pactado con la Élite financiera catalana sus políticas. Con sus continuas cesiones, han ido engendrando un monstruo que está a punto de comerse a sus gestadores.
En este momento crítico de la Historia de España, necesitamos gobernantes, no políticos mediocres y miedosos. Es de esperar, que miren en el espejo de lo que hizo la República en su momento, e impongan la Ley.
Alberto Gugel
El origen y desarrollo del separatismo de las burguesías catalana y vasca es muy anterior a los Planes de desarrollo franquistas. La «desigualdad territorial» procedía de antaño y es un hecho más complejo de lo que aquí se ha apuntado. Los Polos de Desarrollo de los años 60 se distribuyeron entre Andalucía (4), Galicia (2), Castilla (2; tres si tenemos en cuenta que Logroño era entonces Castilla la Vieja), Asturias (1) y Aragón (1). No parece pues que favorecieran la desigualdad.
Menos aún pudieron favorecer esa desigualdad las Universidades Laborales, iniciadas a mediados de los 50. Sólo dos de ventiún Centros se ubicaron en Cataluña (Tarragona) y País Vasco (Eibar).
La emigración rural andaluza y extremeña, fuera a Cataluña o a otras regiones o países, ha tenido como causa fundamental la injusta distribución de la propiedad de la tierra, de lejano origen histórico. Similar, pero de signo contrario, el minifundio, ha sido la gallega y asturiana.
Todo lo anterior no quita que Cataluña y Vascongadas fuesen favorecidas en muchos aspectos y en ocasiones en detrimento de otras regiones; por ejemplo, la ampliación del llamado «superpuerto» de Bilbao a raíz del inicio de extracción de petróleo en la comarca de La Lora de Burgos, cuando su salida natural – si las reservas hubieran sido las esperadas o deseadas- era el puerto de Santander.
En las regiones económicamente más desarrolladas en los años 60, como Levante, Madrid o Asturias, no ha florecido el separatismo; ni entonces, ni significativamente hasta ahora. Parece pues que hay más factores intervinientes en el fenómeno secesionista, además de una minoría alto burguesa motor del mismo.
En ningún otro caso se ha dado una pérdida de identidad propia de los descendientes de emigrantes como en Cataluña y Vacongadas (charnegos y maquetos), que tanto ha contribuido al separatismo reciente. Sólo en Cataluña y Vascongadas se ha producido el fenómeno de sentirse los emigrantes inicialmente extraños en propia tierra y terminar odiando al resto de España.
La transferencia de las competencias educativas ha sido la llave que ha abierto la puerta a una enseñanza falseada de la historia que ha dejado irrecuperables para la sensatez a dos generaciones de compatriotas, que lo son a pesar suyo. Es difícil aquí diferenciar separatistas (autoridades vasca y catalana) de separadores (autoridades del estado), pues todos han estado de acuerdo o permitido la enseñanza – mejor dicho engaño- de las tres últimas décadas; sin olvidar la colaboración necesaria, muchas veces entusiasta, de maestros y profesores.
La situación actual no tiene otra salida inmediata que la aplicación del código penal con severas penas de cárcel a los responsables. Después, sólo la reintegración en exclusiva al Estado de las competencias en Educación, Justicia, Sanidad, Relaciones Exteriores, Trabajo y Orden Público podrá sentar la base para la plena integración de todos los territorios españoles en una unidad perdurable. Esa será condición necesaria,… pero no suficiente. Eso es otra historia.