Por Josele Sánchez
Navarra era hasta ahora, junto con Aragón, la región más española por autonomasia. Acaso por sus orígenes carlistas, el pueblo navarro, gente noble y sencilla, amante de sus tradiciones, había sido salto y seña, ejemplo y estandarte de españolidad a lo largo de la historia.
Desgraciadamente, desde los orígenes constitucionales de esta pseudodemocracia (y de cuyo pecado original varias generaciones de españoles pagaremos las consecuencias),Navarra se convirtió en la perla de adhesión deseada por los separatistas vascos, algo parecido a lo que también sufrimos los valencianos con los imbéciles catalanistas que inventaron aquellos imaginarios països catalans.
Para desgracia de los navarros, los sucesivos gobiernos centrales (UCD, PSOE y PP) han utilizado Navarra como pieza de negociación en las sucesivas, miserables y no reconocidas conversaciones con los asesinos etarras y ese pueblo navarro, antaño defensor (hasta con la fuerza si fuera necesario) de la verdad, la tradición y la justicia, se ha ido sometiendo al perverso mensaje buenista del “todo sea por la paz”.
La agresión multitudinaria sufrida por dos guardias civiles y sus mujeres en la localidad de Alsasua va a suponer para Navarra un antes y un después en su ejemplar historia. La dignidad de Navarra queda empañada y su brillante hoja de servicios a la patria va a sufrir una mancha de consecuencias irreparables. Porque no sólo se trata de que un grupo de malnacidos apalee a dos guardias civiles y sus mujeres (hijos de puta tenemos en todas partes); pero la no condena -cómplice y bastarda- de los hechos por parte de la consejera de interior del gobierno foral, convierte a Navarra, como región, en lo más parecido a lo que los periodistas denominamos “estado fallido”, es decir, “territorio en el que nadie puede garantizar los servicios y la legalidad jurídica más elemental”.
Así las cosas María José Beaumont, filoetarra consejera de Presidencia, Justicia e Interior, no sólo es que no condene la brutal agresión sino que (y eso es lo que convierte a Navarra en algo muy parecido a un “estado fallido”) es la máxima autoridad de la policía foral, aquella que acudió con retraso más que sospechoso al auxilio de los apaleados y la responsable, también, de localizar y detener a los agresores. ¿Qué seguridad de buena praxis policial ofrecen unas detenciones practicadas por una policía foral de la que su máximo responsable es una ciudadana como la señora Beaumont? ¿Quién puede garantizar que se detuvo a alguno de los verdaderos culpables? ¿Quién no tiene derecho a pensar que se fabricaron detenidos, que poco o nada tuvieran que ver con los hechos, a fin de entorpecer la labor judicial? ¿Quién puede creer en la independencia de un juez, que debe dictar prisión o libertad sobre los detenidos, sabedor de que probablemente no goce de la protección policial necesaria para garantizar su propia seguridad?
Todo lo que viene a continuación es un cúmulo de despropósitos. ¿Qué narices pintan veinte vehículos de la guardia civil dando vueltas por el pueblo? ¿Pensaban los mandos de la Benemérita que saldrían a su paso los culpables para identificarse como autores de la agresión? ¿Qué tipo de órdenes reciben los pobres agentes para no defenderse? Porque un teniente y un sargento de la guardia civil no son conserjes de un instituto, van armados (aunque vayan de paisano), son buenos tiradores y seguro que saben cómo repeler una agresión. Al director general de la Guardia Civil le resulta bastante más cómodo tener a dos agentes y sus mujeres gravemente apaleados, antes que un par de muertos abertzales.
Todo esto no es más que el inicio de una falta absoluta de garantías jurídicas en Navarra, como efecto colateral de lo que ya está ocurriendo en las Vascongadas: no podemos obviar que 225.000 individuos han votado en las elecciones vascas a los defensores de ETA.
¿Y qué hace el Estado?: NADA. Lamentar los hechos, condenar la agresión, visitar a los heridos, enviar a veinte vehículos a patrullar por las calles de Alsasua y afirmar con descaro que “se trata de un hecho puntual que no supone una vuelta de la mal denominada “kale borroka”, eufemismo democrático y buenista con el que definir al terrorismo callejero.
Estamos pagando las consecuencias de la tolerancia y el pactismo. Colombia acaba de demostrar que el pueblo no olvida y que la negociación jamás significa la victoria sobre el terrorismo sino, muy al contrario, la claudicación, la rendición, la derrota…
Artículo de Josele Sánchez publicado en el diario La Tribuna del País Vasco
